El plan de Puigdemont: disparar la deuda de España a 2 billones para financiar la secesión de Cataluña

La última exigencia planteada a Pedro Sánchez por el golpista fugado Carles Puigdemont, el abono por parte del Estado a Cataluña de 450.000 millones de euros por una supuesta deuda histórica de España con esa región, supondría disparar un 32% la deuda pública del país. Es decir, que el Estado pase a deber dos billones de euros –más del 150% del PIB– para financiar la hoja de ruta secesionista que daría lugar, según el sueño de los independentistas, a una España empobrecida y a una Cataluña no sólo sin un euro de endeudamiento sino con una caja rebosante de más de 300.000 millones.

Desde que Sánchez está en La Moncloa, España ha visto disparar su deuda pública en más de 200.000 millones –el endeudamiento público ya supera los 1,5 billones–. Si ahora acepta la exigencia de esa deuda histórica, tendría que recurrir a más endeudamiento para satisfacer esos 450.000 millones que Puigdemont exige que el Gobierno le regale a Cataluña. Y esos 450.000 millones de euros se sumarían a los 1,53 billones que nuestro país ya debe a sus prestamistas –y la cifra va a más cada día que pasa–.

La deuda histórica es un clásico de los partidos nacionalistas, un comodín con el que justificar tradicionalmente sus exigencias de financiación por encima del resto de comunidades autónomas con menor peso político. Es decir, con menor capacidad de influencia de esos partidos en la investidura de los presidentes del Gobierno español o en su sostenimiento en el poder. De ahí que los sucesivos modelos de financiación autonómica que se han ido aprobando en España hayan sido moldeados, en gran parte –cuando no principal– al gusto del nacionalismo catalán.

En ese sentido, la reclamación de Puigdemont aporta escasa novedad. Lo relevante, ahora, es que está incardinada en la particular hoja de ruta del nacionalismo catalán, convertido abiertamente en un beligerante secesionismo.

Sánchez: retahíla de cesiones

ERC y Junts ya lograron ver indultados a quienes protagonizaron el golpe del otoño de 2017. Después, consiguieron que la coalición socialcomunista liderada por Pedro Sánchez promoviera y aprobara una reforma del Código Penal que ha eliminado el delito de sedición. Para rematar su impunidad frente al Estado de derecho, el golpista fugado Carles Puigdemont (Junts) exige junto a ERC (Pere Aragonés, Oriol Junqueras…) que Sánchez apruebe una ley de amnistía que limpie por completo el expediente penal de quienes fueron condenados por el Tribunal Supremo, como si jamás hubieran cometido delito alguno. Y todo ello, además, aderezado del reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Cataluña, lo que se traduce en la aspiración a poder convocar un referéndum como trampolín a la independencia.

Todo ese grueso telón de fondo hace que la exigencia de la deuda histórica, que España pague a Cataluña 450.000 millones de euros, el equivalente a un tercio de la riqueza anual que es capaz de generar el país al completo, tenga «un cariz de gravedad del que carecían reclamaciones similares planteadas en el pasado por otras regiones en las que no había pulsión nacionalista ni mucho menos una declarada hoja de ruta para la secesión», indica a OKDIARIO un curtido diputado del PP que conoce de primera mano al nacionalismo catalán y que prefiere mantener el anonimato al valorar este asunto.

Trocear el Estado y empobrecerlo

«Al final, cuando Puigdemont pide 450.000 millones al Estado que quiere trocear, lo que está haciendo es exigir que España financie la aspiración de una Cataluña independiente», afirma este parlamentario.

El problema añadido es que aquello que el Gobierno acepte dar a favor de ese plan del secesionismo sale de mermar el patrimonio común del resto de España: bien recortando transferencias a otras comunidades –de las que dependen las esenciales competencias de Sanidad y Educación–, bien engordando la losa de la deuda que cae sobre las espaldas del conjunto de los españoles, bien con ambas vías a la vez.